Opinión Pública y Medios de Comunicación (II). Opinión Pública y Sujetos Políticos.

By: Unknown on 23:36

Antes de comenzar a esgrimir los parámetros o movimientos de la opinión pública y su determinación y posible control por parte de los agentes políticos hemos, necesariamente, referirnos a una contextualización espacio-temporal que nos ayude a entender la realidad en la que vivimos y en la que se origina la opinión pública.

En una actualidad marcada por una “crisis del Estado”, tradicionalmente considerado como centro del poder, éste es desafiado por una realidad global conducida, en apariencia irremediablemente, a un proceso agresivo de globalización. Este proceso limita la soberanía de los estados y, en consecuencia, la toma de decisiones. Por otra parte, la realidad de un mercado global, de expansión y de rupturas de fronteras provoca la pérdida de capacidad de intervención, siendo éstos los primeros pasos a una “crisis” de legitimidad política que debilita su influencia sobre los ciudadanos. En este sentido, podríamos apuntar a la aparición de un nuevo concepto de ciudadano, definido en el individualismo y en donde la identidad deja de ser fruto de la tradición, la etnia, la religión, sino más bien está ligado con el “consumo”, un consumo de mercado, amaneciendo un nuevo patrón de sociabilidad que se estructura en redes y se fundamenta en el individualismo “colectivizado”.

COMUNICACIÓN, PODER Y CONTRA-PODER

Partiremos de la hipótesis de que los medios de comunicación ejercen una influencia notable en la opinión pública. Para autores como Manuel Castells, la comunicación y la información constituyen fuentes fundamentales de poder y contra poder, de dominación y de cambio social. En este contexto aparece la “batalla por la opinión pública”, el control sobre lo que el ciudadano piensa, puesto que los pensamientos son los que constituirán las normas y los valores sobre los que se cimientan el orden social.

Atendamos en este sentido a un proceso explícito de la profesionalización de la política, en la emancipación de la élite, en donde el político se ha desligado de su origen o pertenencia a la Sociedad Civil. Por otro lado, nos encontramos con una Sociedad Civil, que integra la mayoría, y se somete al gobierno de las clases dirigentes y de sus juegos económicos. ¿Cuál es el criterio o el elemento que los conecta? En principio podremos destacar dos elementos fundamentales, la comunicación y el Poder, pudiéndose entender como conceptos análogos si entendemos la comunicación como el manejo de la información y el poder como conocimiento.

El sistema político funciona en la y desde la representación y vertebración de los medios de comunicación, a fin de la obtención de apoyos o la evasión de hostilidades por parte de los ciudadanos, puesto que éstos se convierten en meros espectadores y en consumidores del mercado político. Esto no significaría que el poder real se encuentre en manos de los medios de comunicación, sino más bien en las manos de quien los poseen, ejerciendo una influencia sobre la opinión pública de manera innegable.

Como elemento de apreciación y de interés analítico, sería interesante mencionar el incremento y aparición de medios de comunicación que ofrecen un tipo de periodismo ideológico, de carácter militante, ofreciendo un sesgo de la información con marcados componentes ideológicos, acercándose más a la propaganda que a la información. 

GRUPOS SOCIALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

En los individuos, o ciudadanos, la percepción de la realizad es dada por los medios cuyo rol principal es el del ofrecimiento la  de la información. Los medios de comunicación son, por tanto, los responsables de transformar esta información en una realidad social visible, que en periodos anteriores de la historia se caracterizaba por su invisibilidad. La realidad que permite a los medios de comunicación el tener influencia es debida a que estos definen la realidad social y poseen la capacidad de provocar reacciones y sentimientos en el espectador. En este sentido la manipulación de la información puede provocar pautas de comportamiento e incluso suprimirlas. 

Un hecho innegable es que la sociedad contemporánea está permanentemente conectada a los medios, ya sean estos audiovisuales, de prensa escrita o por Internet, considerado hoy en día “el gran medio” de comunicación y de interconexión social. Es por tanto que los medios no pueden ser concebidos como un ser apartado del arraigo cultural y de otras instituciones sociales.

De este modo, atendemos al concepto de mediatización en el que la sociedad se sumerge, recibiendo el poder de la influencia de los medios en puntos clave como la política, la cultura, el consumo, etc., todo ello constituido en la evolución del comportamiento de la sociedad moderna. Parece evidente que somos espectadores de una mediatización comportada por medios de comunicación ligados, explícitamente a medios económicos que, a su vez, controlan el Poder Político. Esto constituye una paradoja en la que los fines se confunden con los medios y viceversa, una paradoja en la que los medios de información se enfrentan a un claro replanteamiento en pos de su determinación y objeto, una paradoja en donde, en ocasiones, los términos se confunden y pierden su valor semántico.

Es por ello que los medios de comunicación se establecen como actores político-sociales, emisores de información, en teoría, plural e independiente. Este papel fundamental de transmisor de información se motiva en la creación de opinión y, no obstante de actuación, además de la transmisión de valores, en este sentido, de carácter político. Se podría interpretar estas transmisiones como influyentes en tanto en cuanto comportan modelos de control social, presuponiendo, no obstante, intencionalidad por parte de los agentes políticos, fundamentalmente en periodos de agitación política como pudieran ser durante las campañas electorales, en donde grupos políticos y partidos transmiten de forma directa e indirecta información y propaganda.

Por otra parte, hemos de atender a la capacidad de actuación de la masa social, no debiendo entender a ésta como un ser pasivo. La sociedad no se constituye como ser inerte y sin conciencia, sino que interactúa y se comporta según sus propios criterios y dinámicas, no es un mero ente amorfo, homogéneo e indiferente que obedece ciegamente al esquema del “estímulo-respuesta” sino que posee su propia conciencia social y es capaz de actuar e interactuar bajo sus propios criterios y organizaciones propias. Esto se ve reflejado en la incidencia de organizaciones sociales con sus debidas actuaciones que asumen objetos de actuación directa y de inter-actuación con entes como la clase política, a pesar del control de la información, presupuesto en nuestro planteamiento, por parte de esta misma.

Evidente resulta la ruptura del equilibrio antes expuesta, ya que la “masa social” da pasos hacia el control de la información y la generación de la misma. La aparición en las últimas décadas de nuevos medios, fruto de la evolución tecnológica de las comunicaciones, ha supuesto la puesta en marcha de un nuevo sistema de valores políticos que van conducidos al descontrol de la información y a la generación de la misma desde niveles inferiores.  La aparición de las redes sociales conlleva consigo la información online, en directo, sin intermediarios, evitando, quizá en exceso, el sesgo por el que la información es dada en los medios de comunicación clásicos. 

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A vueltas con la Constitución del 78

By: Manuel M.Sirvent on 10:09

Cuando a un politólogo le proponen hablar sobre temas constitucionales le produce una enorme satisfacción, ya que la Constitución, como norma suprema del Estado, es la base de toda la teoría política del Estado, e impregna todos y cada uno de los ámbitos políticos y de la administración.

Reflexionando en torno al hecho constitucional español, en mi breve artículo, voy a intentar:

1. tratar de esbozar la gran aportación que la Constitución española ha hecho a mi generación
2. el peligro que puede suponer el no haber vivido el nacimiento de dicha Carta Magna
3. y por último, los retos que se plantean en la coyuntura política actual y venidera

He de comenzar afirmando que la Constitución Española del 78 ha marcado todos y cada uno de nuestros encuentros con la vida pública de nuestra nación: entiéndase vida pública como el sistema político, la administración pública y la sociedad civil y política de nuestro país.

Y es que uno de los grandes avances de dicha Constitución fue el transformar, desde el consenso, tanto las estructuras del Estado como las fuentes de poder, así como transformar una sociedad proveniente de un régimen autoritario en una sociedad democrática legítima. De este modo, nuestra generación ha nacido y ha vivido en un sistema democrático, que ha consolidado un estado de bienestar sin parangón alguno.

Por lo tanto, estamos en condiciones de afirmar que es mucho lo que la Constitución Española del 78 ha aportado a nuestro bienestar actual y al desarrollo y legitimación de nuestra democracia, en cualquiera de los ámbitos en que fijemos nuestra mirada: ya sea educación, sanidad, derechos y libertades, amparo judicial, participación política,…

Sin ir más lejos, este mismo acto que estamos realizando no se podría llevar a cabo sin una carta magna que amparara las libertades de expresión y opinión.

Como decía anteriormente, todos nuestros contactos y encuentros con la vida pública están impregnados por el carácter transformador y renovador de nuestra Constitución.

De este modo, hemos nacido en hospitales públicos y hemos sido atendidos por un sistema de salud público y universal. Hemos formado parte de un sistema educativo público de calidad, siendo escolarizados desde muy pequeños, y con la posibilidad de recibir becas y ayudas para nuestros estudios. Hemos podido defender nuestras ideas de manera libre y pública, tendiendo la posibilidad de acudir a manifestaciones y concentraciones y de formar parte de asociaciones y partidos políticos.

Pero a todo este sistema democrático consolidado, a este sistema de libertades, de derechos, en que hemos nacido, en el que vivimos y que nuestra Constitución ha propiciado, y que tanto esfuerzo y sacrificio costó a generaciones anteriores a la nuestra, le puede sobrevenir un peligro.

Peligro que procede del hecho de que a nosotros “nos lo han dado ya hecho”, nos lo hemos encontrado en marcha; se trata de un peligro producto de no haber luchado por esta Constitución y este sistema democrático en sus inicios; y consiste en que no los sepamos valorar como se debe, que no comprendamos el significado y valor que adquiere para el bienestar y sano funcionamiento de nuestra sociedad democrática, y no seamos capaces de defenderla como se debe.

Por eso, nosotros, los jóvenes (y no tan jóvenes) hemos de luchar firmemente y sin complejos por nuestra Constitución, por su plena vigencia, hemos de defenderla de todas las agresiones que contra ella se producen: las cuales provienen tanto de agentes políticos y sociales ilegítimos y ajenos a nuestro sistema democrático, como de partidos y agentes legítimos e incluso aquellos que ostentan responsabilidades políticas de gobierno.

Así, p.e., ataques a nuestra Constitución las hemos podido encontrar a lo largo de estos años de democracia, si bien más acuciados en la última década reformas de Estatutos de Autonomía (Cataluña, Andalucía, Castilla La Mancha,…) o en los órdagos separatistas desde los “gobiernos constitucionales” de las Comunidades Autónomas del País Vasco y de Cataluña, donde vemos cómo se quiere romper con la unidad de la nación consagrada en nuestra Constitución; o disposiciones normativas y actuaciones de diversas esferas de poder que quieren acabar con el principio de solidaridad entre las regiones; o cuando se quiere acabar con la unidad del poder judicial, pretendiendo crear 17 poderes judiciales.

Otras injerencias contra la Constitución las hemos encontrado estos años en actuaciones del Gobierno de España, cuando, p.e., se creó (y mantuvo) una asignatura como es Educación para la Ciudadanía, vulnerando el derecho de los padres a escoger la libertad religiosa y moral de sus hijos. Y qué decir de diversas políticas lingüísticas de algunos gobiernos de comunidades autónomas, como es el caso de las políticas lingüísticas llevadas a cabo por la Generalitat de Catalunya y por el “pancatalanizado” Govern de les Illes Balears.

Actualmente, la Constitución Española se enfrenta a una serie de retos que pasan por la idea de una reforma parcial de alguno de sus artículos, como los de la sucesión al trono o la reforma del senado; aunque no faltan los que propugnan una revisión total de la misma. Aunque si seguimos por el camino iniciado por los gobiernos socialistas de Rodríguez Zapatero, asistiremos a una reforma encubierta de la Constitución vía reforma de los estatutos (al ser estos parte del bloque constitucional).

Si bien, no hemos de tener miedo, porque sí es cierto que se deberían acometer ciertas reformas de la misma:

• Cerrar las competencias que las comunidades autónomas pueden asumir: lista cerrada de competencias de los arts. 148 y 149; cerrar el “grifo” de asunción de competencias en que se ha convertido el art. 149.3 y el 150 (leyes marco, de transferencia o delegación y armonización).
• Reforma del Senado; para que o bien desaparezca o bien de convierta de verdad en una cámara de representación territorial.
• Sucesión a la corona (art. 57).
• Eliminación de la DT 4ª (Navarra), y romper así con la siempre socorrida amenaza del separatismo vasco hacia la Comunidad Foral.

Por último, me gustaría hacer una pequeña referencia a las enseñanzas que los principios inspiradores de esta Constitución y sus principales características, nos pueden servir de ayuda a los jóvenes:

• Consenso: el método de adopción de decisiones característico de esta Constitución. Hemos de caracterizarnos por buscar siempre que sea posible el consenso, no hemos de ser inamovibles en todo; hemos de aprender a contrastar, a ceder cuando sea necesario y esté por delante algún interés legítimo.
• Abierta o pluralista: es un texto que nace del acuerdo de todas las fuerzas políticas y por tanto no contiene principios ideológicos de una sola dirección, permitiendo hacerla válida en todo momento. Todas las fuerzas políticas encuentran reflejo en el texto. Hemos de ser abiertos, críticos, reflexivos y tener siempre en cuenta todos los puntos de vista; hemos de renovar, transformar.
• Garantista: dotada de abundancia de mecanismos de garantía de los derechos fundamentales que en ella se recogen. El respeto y el velar por nuestros derechos y libertades ha de ser una de nuestras metas.
• Rígida, tiene que seguir un procedimiento agravado de reforma. Hemos de tener claros nuestros principios, hemos de ser firmes en su defensa, no dejarnos llevar por ningún tipo de interés, no ser veletas que se muevan al son del viento. Hemos de tener asentados nuestros principios básicos y más esenciales sobre roca y convertirlos en inamovibles.

Manuel Martínez Sirvent

Polítólogo

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Opinión Pública y Medios de Comunicación (I). Una aproximación conceptual.

By: Unknown on 15:15

imagen extraida de: www.whale.to

“Por espacio público entendemos un ámbito de nuestra vida social en el que se puede construir algo así como la opinión pública. La entrada está fundamentalmente abierta a todos los ciudadanos. En cada conversación en la que los individuos privados se reúnen como público se constituye una porción de espacio público (…) Los ciudadanos que se comportan como público, cuando se reúnen y conciertan libremente, sin presiones y con la garantía de poder manifestar y publicar libremente su opinión, sobre las oportunidades de actuar según intereses generales. En los casos de un público amplio, esta comunicación requiere medios precisos de transferencia e influencia: periódicos y revistas, radio y televisión son hoy tales medios del espacio público. Hablamos de espacio público político distinguiéndolo del literario cuando las discusiones públicas tienen que ver con los objetos que dependen de la praxis del Estado. El poder del Estado es también el contratante del espacio público político, pero no su parte. Ciertamente, rige como poder “público”, pero ante todo necesita el atributo de la publicidad para su tarea, lo público, es decir, cuidar del bien general de todos los sujetos de derecho. Precisamente, cuando el ejercicio del dominio político se subordina efectivamente a la demanda pública democrática, logra el espacio de lo público político una influencia institucional en el gobierno por la vía del cuerpo legislativo. El título “opinión pública” tiene que ver con tareas de crítica y de control, que el público de los ciudadanos de un estado ejercen de manera informal, y también de manera formal en las elecciones periódicas, frente al dominio estatalmente organizado”. (HABERMAS, 1973).

La definición de Habermas de opinión pública pasa, como queda manifiesto, por una diferenciación conceptual, distinguiéndose la opinión pública como elemento aparecido en el espacio público en dos vertientes. Por una parte la opinión pública como simple manifestación de la voluntad, del instinto social e incluso de las necesidades. En este sentido “todo” puede ser objeto de opinión pública, pues ésta se manifiesta, en cierto sentido, como conciencia social, como expresión en un espacio determinado en lo que, en palabras de Habermas, llamamos “espacio público”. Por otra parte, se hace latente la definición de “opinión pública de lo político”. Ésta será la definición de opinión pública a la que nos atendremos, puesto que es la que se referirá a aquellas discusiones insertas en la conciencia social que tienen que ver con la praxis del Estado y, en consecuencia, con las actuaciones del poder Político que domina las estructuras estatales. La praxis del Estado, tal y como la concibe Habermas, es objeto de la opinión pública pero nuestra reflexión quiere ir más allá.

¿Es posible el dominio de la opinión pública? ¿Cuáles han de ser los criterios de independencia de los medios de comunicación? ¿Quién mueve los hilos de los medios de comunicación de masas? Evidentemente, el concepto de Democracia, aún latente en nuestras sociedades, se establece desde los principios de libertad de información, prensa libre, pero en ocasiones los hechos manifiestan situaciones contrarias a los mismos, más aún cuando entramos en la valoración de medios de comunicación de carácter público, financiados con dinero público y en donde la incidencia de decisiones políticas son más propias de la propaganda partidista que de la información libre y plural.

En resumen, la opinión pública es el resultado de la conciencia social sobre la aplicación, manejo y conducción por parte de la clase política del aparato estatal. El estado en sí es una estructura manejada por la clase política, haciendo hincapié en que la opinión pública sobre lo político ha de referirse al manejo del mismo, puesto que el estado carece de conciencia y de opinión. Esta conciencia y opinión de la que carece es otorgada por “el político” de turno que ejerce el control del mismo con los parámetros dotados por el régimen democrático.

En el fondo de la cuestión, el problema radica en la concepción de lo privado y lo público. Los medios de comunicación de masas, por regla general, obviando las particularidades de los medios de comunicación públicos necesarios también en aspectos concretos, son propiedades privadas que ejercen el derecho de información, sesgada a conciencia por la propiedad del medio. Pero éste no es el tema a discutir.

Volviendo al concepto de definición pública y resumiendo desde un aspecto psicológico del concepto, éste se entiende como la suma de las opiniones y actitudes individuales. En este sentido las opiniones serán el reflejo del pensamiento de los individuos, conformando un fenómeno colectivo que puede manifestarse de diversas maneras. Podríamos valorar como manifestaciones de la opinión pública, en el ámbito de lo político, las comunes, en tiempos menos convulsos y en los que no existe una desconexión de la Sociedad Civil con la clase política, en la manifestación de la opinión, ejercicio de la libertad de expresión, etc. Por otra parte en tiempos convulsos, de desconexión de sujetos, podremos encontrar manifestaciones de la opinión pública de diversos y variados modos, en la protesta, las huelgas, los paros sectoriales, las manifestaciones y, en circunstancias más adversas y crispadas, en alborotos y rebelión ciudadana.

Por otra parte, se ha de matizar que la ruptura del equilibrio de poder y la consideración de “opinión pública” como objeto puramente legitimador del poder no está exenta de peligros. En ocasiones la opinión pública ha sido entendida desde un punto de vista negativo enfrentado al concepto de “verdad”. El peligro en nuestros días pasa, en palabras de Ortega y Gasset, en que la masa corrompa el sentido de lo real y la verdad por “lo relativo de la verdad” y la mediocridad. Aún así, la opinión pública se define como un bien público e inevitable, natural y propio de sociedades democráticas puesto que, en definitiva, no podríamos entender la democracia sin ella. 

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